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Programa para la Convención Constitucional

Sylvia Eyzaguirre

La Constitución es el documento fundacional de una República, por medio del cual se crea el Estado, se determina su organización política y se limita sus poderes para proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas. Su diseño no se limita a un ejercicio intelectual, sino que también responde a la experiencia acumulada a lo largo de la historia de una Nación y a los conflictos de poder entre grupos con visiones de mundo y concepciones del ser humano distintas. Así, en esencia, la función principal de la Constitución es entregar las normas básicas para la vida en comunidad.

Como régimen político, establece el origen de la soberanía en el pueblo y es tarea de la Constitución establecer los mecanismos de participación y representación política. El concepto más básico de la democracia es que los seres humanos nacemos libres e iguales en derechos, condición que se basa en el reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y en nuestro sistema de justicia, convirtiendo su protección en una de las tareas más fundamentales de la Constitución. Al velar por la libertad y la igualdad, la democracia no solo respeta la diversidad, sino que la valora y protege, fundándose en el diálogo como camino para resolver las discrepancias.

Los quórum supra mayoritarios que exige la Constitución para su modificación tienen por fin proteger aquellas dimensiones que consideramos esenciales de la vida en comunidad de las simples mayorías. Dado que el contenido de la Constitución queda protegido de la voluntad cambiante de la simple mayoría y, por ende, es una restricción de la esfera política, es importante distinguir entre aquellos aspectos que queremos resguardar de la política habitual y aquellos que no. Estos últimos deben resolverse a través de los órganos democráticos elegidos popularmente y con una mayor participación ciudadana.

Principios fundamentales
  • Proteger la diversidad de visiones de mundo y proyectos de vida, fomentando la tolerancia y el respeto mutuo, condenando la violación a los derechos fundamentales.

 

  • La libertad e igualdad depende en parte de las condiciones materiales. De ahí la necesidad de resguardar aquellas condiciones esenciales a la dignidad humana, así como también la igualdad de oportunidades para todos y todas.

 

  • La no discriminación arbitraria es un principio fundamental de la vida en comunidad y debiera conservar su rango constitucional, profundizando el principio de igualdad ante la ley para todos y todas.
  • El Estado está al servicio de las personas y la sociedad, y debe tener por fin la protección de los derechos individuales, la promoción del bienestar general y contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos llevar adelante sus proyectos de vida con autonomía.

 

  • El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, por lo mismo, su uso debe estar estrictamente limitado por la Constitución y las leyes.
  • Es deber de todos los habitantes y del Estado cuidar nuestro medioambiente.

 

  • La Constitución debe profundizar la protección del medioambiente.
  • La Constitución debe proteger nuestro patrimonio cultural, artístico y científico.

 

  • El Estado debe promover activamente la promoción y difusión de la cultura, el arte y la ciencia.
  • El Estado tiene la obligación de velar por un mercado competitivo y sustentable, que tenga en el centro los intereses de las personas.

 

  • La Constitución debe regular las reglas fundamentales del juego de la mayoría, permitiendo que esta pueda efectivamente gobernar, ampliando la esfera de deliberación política.
  • Chile es y debe seguir siendo una República Democrática.
  • Promover la democracia representativa y constitucional de Derecho, con mayor participación ciudadana a través de consultas en materias de interés general y mayor desconcentración del poder político.
  • Derechos civiles y políticos garantizados por acciones constitucionales.
  • Reconocimiento constitucional de nuestros pueblos indígenas.
  • Libertad de pensamiento, religiosa, política, de expresión, de asociación, de movimiento y de iniciativa económica.
  • Derechos sociales, económicos y culturales protegidos y asegurados por el Estado mediante políticas públicas eficientes.
  • Protección explícita de los menores de edad, del derecho a la educación, de libertad de enseñanza, salud, seguridad social, y de la libertad y los derechos laborales.
  • La forma específica en que estas prestaciones sean provistas no debe quedar establecida en la Constitución, sino que debiera ser materia de ley y de los reglamentos dictados conforme a la ley.
  • Protección a la propiedad privada y reconocimiento de su función pública.
  • El principio de transparencia de los actos públicos debiera seguir siendo de rango constitucional.
  • El Estado de Chile debe seguir siendo unitario.
  • Principio de subsidiariedad competencial, que hace referencia a la distribución de competencias al interior del Estado, promoviendo la descentralización en la toma de decisiones y fortaleciendo los municipios.
  • Poder Judicial autónomo e independiente, avanzando en su modernización.
  • Equilibrio fiscal como principio ético de responsabilidad intergeneracional.
  • Cambio en el régimen político buscando un nuevo equilibrio entre los poderes del Estado, de manera que el Gobierno goce tanto de legitimidad democrática como de capacidad de gobernar. Personalmente me inclino por un régimen parlamentario, pero más importante que el régimen particular es la coherencia en su diseño y en la necesidad de que las crisis políticas no escalen a crisis institucionales.
  • Fortalecimiento de los Partidos Políticos como base fundamental de la democracia representativa.
  • Contraloría General de la República. Debemos modernizar su gobernanza y funcionamiento.
  • Tribunal Constitucional. Deben ser revisados el nombramiento de sus integrantes y terminar con sus atribuciones de control preventivo del contenido de los proyectos de ley.
  • Resguardar la autonomía del Banco Central.
  • El Estado debe modernizarse y prestar eficientemente los servicios que le encomiende la Constitución y las leyes. La Constitución debiera sentar las bases para que esto ocurra.